Desde la designación de Consuelo Porras como Fiscal General y el nombramiento de Rafael Curruchiche como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), una serie de sombras han ensombrecido los esfuerzos anticorrupción en Guatemala. A esto se suma la cooptación de la justicia guatemalteca y un retraso de casi cuatro años en la elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones. Examinemos esta situación con mayor detalle.
En mayo de 2018, Porras fue designada como Fiscal General y jefa del Ministerio Público (MP) por el entonces presidente Jimmy Morales, sucediendo a Thelma Aldana, una destacada figura en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Este cambio marcó un punto de inflexión en el país, ya que Morales había empezado a desmantelar las instituciones encargadas de combatir la impunidad, incluyendo la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala (CICIG), respaldada por la ONU y que desbarató redes criminales durante una década.
En 2019, poco después del ascenso de Porras a jefa del MP, Morales anunció la salida de la CICIG del país. Mientras tanto, Thelma Aldana, quien buscaba ser candidata presidencial, se enfrentó a acusaciones de «malversación de fondos» por parte de la Fiscal General. Aldana tuvo que exiliarse en Estados Unidos debido a la orden de captura en su contra.
Persecución a jueces, fiscales y prensa
Defensores de los derechos humanos denunciaron una ola de «persecución» a jueces, fiscales, prensa y abogados que trabajaban en temas de corrupción desde el ente investigador. Las tensiones aumentaron con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), liderada por Rafael Curruchiche. La destitución de Juan Francisco Sandoval, a cargo de la FECI durante la gestión de Aldana, generó preocupaciones sobre el debilitamiento de los esfuerzos anticorrupción y el temor a la investigación de la administración de Alejandro Giammattei.
Sandoval, tras su destitución, reveló que su investigación sobre el gobierno de Giammattei había inquietado al presidente y a la Fiscal General. Esta situación llevó a Estados Unidos a expresar su preocupación por los esfuerzos sistemáticos para socavar la lucha contra la corrupción en Guatemala.
En ese nuevo panorama, se evidenció una inquietante tendencia: el Ministerio Público, bajo la dirección de Porras, parece haber tomado un rumbo que pone en tela de juicio su compromiso con la transparencia y el combate contra la corrupción, además de desafiar la libertad de aquellos que investigan estos asuntos vitales para el país. La protección de los valores democráticos y la rendición de cuentas se encuentran en juego en este contexto.
Porras bloqueó traslado de capacidades del CICIG al MP
De hecho, la fiscal general bloqueó de manera intencional el traslado de capacidades de la CICIG al MP y puso en riesgo casos como La Línea, Cooptación del Estado, Aceros de Guatemala y otros que ya están archivados.
Sin duda, la gestión de Consuelo Porras como fiscal general y la dirección de Rafael Curruchiche en la FECI dejó una serie de casos en el olvido. Desde ambos nombramientos, se ha notado un cambio drástico en la persecución de casos de corrupción y violaciones a los derechos humanos en Guatemala.
Las cifras son elocuentes: en los últimos años, cerca de 60 personas bajo investigación por corrupción han visto sus casos cerrados, órdenes de captura anuladas y antejuicios rechazados. En casos emblemáticos como Igss-Pisa, Plazas Fantasmas en el Congreso y la construcción de una carretera para el beneficio de una exdiputada. Además, más de una decenas de personas imputadas vieron cómo sus procesos penales llegaron a su fin.
Incluso, ante el caso de las Comisiones Paralelas, se rechazaron los 28 antejuicios presentados por la antigua FECI contra magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Cortes de Apelaciones, la Corte de Constitucionalidad (CC) y el Tribunal Supremo Electoral (TSE), según citó Plaza Pública en uno de sus artículos.
Casos olvidados
A continuación, revelamos un listado de los casos de la FECI-CICIG que han sido «olvidados», archivados o detenidos sin avance desde el nombramiento de Consuelo Porras y Rafael Curruchiche:
- Alaska
- Alcalde de Antigua
- Asalto al Ministerio de Salud
- Asesinato Periodistas
- Asesoría Legal y red de lavado y activos
- Bantrab: Un Negocio de Familia
- Botín Registro de la Propiedad
- Bufete de la Impunidad
- Caja de Pandora
- Carretera Spa Delia Bac
- Caso Génesis: Impunidad y Despojo en Petén
- Caso Matrix
- Comisiones Paralelas 2020
- Comisiones I y II
- Construcción y Corrupción (Fase 2)
- Corrupción en Quetzaltenango
- Cooptación del Estado
- Desaparición Forzada de Agentes de la PNC (Faraón)
- Diario Militar
- Ejecuciones Extrajudiciales y Tortura
- Financiamiento Electoral Ilícito LIDER
- Financiamiento Electoral Ilícito Unionista
- Financiamiento Electoral Ilícito FCN-NACIÓN (Fase 3)
- Furgones / Contrabando de Contenedores Puerto Quetzal
- Huistas
- IGSS-PISA
- La Coperacha
- Lavado y Política
- Libramiento de Chimaltenango
- Migración
- Negocios en la Industria Militar
- Odebrecht
- Patrullas 1
- Plazas Fantasmas
- Redes de Poder, Corrupción y Lavado de Dinero
- Registro de Información Catastral: Una Caja de Pagos
- Subordinación del Legislativo al Ejecutivo
- TCQ
- Transurbano
- Traficantes de Influencias
“Mejora» en resolución de casos del MP: ¿por qué no es positivo?
El informe anual del Ministerio Público (MP) presentado en mayo de 2023, tras la reelección de Consuelo Porras como Fiscal General, resalta mejoras en la resolución de casos. Sin embargo, según expertos y entidades citadas en un artículo de PrensaLibre titulado MP refleja una mejoría en resolución de investigaciones ¿porqué no es positivo?, detalla que este panorama esconde preocupantes deficiencias.
Aunque en los últimos cinco años el MP afirmó alcanzar hasta un 150 % de eficacia anual al alegar que investiga y resuelve todas las denuncias que recibe, analistas han cuestionado la veracidad de estos números. El proceso de depuración de expedientes, que involucra llamar a víctimas de delitos para notificar que sus casos han sido cerrados sin identificar responsables, contribuye a elevar las cifras de eficacia. Esto afecta la confianza en la capacidad del MP para investigar a fondo.
En su informe, Consuelo Porras indicó que se ha reducido en un 90 % la mora de casos recibidos hasta marzo de 2023, equivalente a 1 millón 136 mil expedientes resueltos. En el período de mayo 2018 a marzo 2023, recibieron 2 millones 84 mil 503 denuncias, de las cuales el 92 % fueron resueltas (1 millón 863 mil 82 casos).
Sin embargo, expertos señalan que esta eficacia es cuestionable, ya que la desestimación de casos constituye un 80 % de los expedientes. Esto influye en los altos porcentajes de eficacia declarados por el MP. Además, se incluyen en las estadísticas casos trasladados a otras instancias como la unidad de resolución alterna de conflictos, liquidados, archivados y depurados, lo que podría inflar las cifras.
Esta situación plantea interrogantes sobre la efectividad real del MP en el combate a la impunidad y la corrupción. Las críticas se centran en la resistencia para recibir denuncias, la falta de investigación profunda en muchos casos y la práctica de desestimar expedientes. Aunque el MP defiende estas prácticas, la percepción pública y la confianza en la justicia se ven afectadas, generando dudas sobre el compromiso real en la lucha contra la impunidad y la corrupción en Guatemala.