El Congreso de la República en su intento por salvar a empresarios que dieron aportes ilegales a distintos políticos en la campaña del expresidente Jimmy Morales modificaron en el 2018 el código penal y crearon el delito de “financiamiento electoral no reportado”, ahora la CC termina su trabajo para lograr beneficiarlos.
Esto también ha servido para salvar a políticos como Sandra Torres, Mario Leal o Gustavo Alejos quienes aportaron cientos de miles de quetzales a la campaña política del partido UNE para las elecciones presidencial del año 2015, pero jamás lo reportaron.
La Corte de Constitucionalidad (CC) decidió que la FECI no puede acusarlos por este delito ya que los hechos son anteriores a que se creara la figura legal. La misma medida la tomó contra los exdiputados Carlos López y Julio Cesar López Villatoro.
El sistema de impunidad demuestra en este caso cómo trabajan en forma coordinada para rescatar a los políticos y empresarios que han cometido ilegalidades, pero tienen la protección de parte de diputados y magistrados de la Corte de Constitucionalidad.