El caso espurio contra el juez Miguel Ángel Gálvez continúa y está plagado de inconsistencias e ilegalidades que en un sistema de justicia no cooptado habría sido declarado sin lugar.
En primer lugar porque la denuncia que presentó la Fundación Contra el Terrorismo está basada en cinco casos en la supuesta decisión del juez Gálvez de enviar a prisión preventiva a los sindicados. Sin embargo, la defensa del juzgador pudo definir que él no tomó la decisión en por lo menos tres de los casos. Además, dichas decisiones fueron avaladas por una Corte de Apelaciones y llegó hasta la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Ahora fueron los magistrados de la CSJ quienes autorizaron el antejuicio.
Ahora, a estas decisiones en este caso espurio se une el hecho que el magistrado Roaldo Chávez intenta ser el juez pesquisidor en el caso del juez Gálvez cuando es otro magistrado quien debería tomar el caso.
Vale la pena recordar que Chávez fue también el juez pesquisidor contra la exjueza Erika Aifán. Chávez tampoco aceptó las pruebas de descargo de la juez.
Ahora intenta ser el juez pesquisidor de Gálvez porque la magistrada Zonia Santizo se inhibió de conocer el proceso. Sin embargo, quien debería llevar el proceso es el magistrado Estuardo Galván.
La defensa de Gálvez pide que sea la CSJ quien decida quién será el juez pesquisidor, pero llama la atención la insistencia de Chávez por conocer el proceso.