En un ataque directo a la independencia del sistema judicial guatemalteco, el Congreso de la República da pasos alarmantes hacia la aprobación de una serie de reformas a la Ley del Organismo Judicial (OJ) que podrían debilitar gravemente la confianza en la administración de justicia en el país.
Bajo la presidencia de Shirley Rivera, el Organismo Legislativo avanza en la denominada «iniciativa 6239», un proyecto que genera controversia y críticas ferozmente justificadas. La historia de esta propuesta es un viaje acelerado y sin frenos desde el momento de su presentación en abril de 2023.
En apenas una semana, obtuvo un dictamen favorable de la Comisión de Gobernación, dejando en claro que su aprobación estaba siendo impulsada de manera exprés, sin una consideración adecuada de sus implicaciones en el sistema de justicia guatemalteco.
La esencia de la iniciativa es clara: devolver a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el poder que perdió en 2016, cuando se llevaron a cabo reformas destinadas a fortalecer la independencia judicial en colaboración con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Estas reformas, lejos de ser un obstáculo para la justicia, fueron un paso adelante en la lucha contra la corrupción y la impunidad en el país.
Revertir el progreso: El objetivo de las reformas a la ley del OJ
Sin embargo, la iniciativa 6239 busca revertir este progreso. Permite que la CSJ tenga el poder de nombrar, trasladar, ascender y suspender a jueces y personal de los tribunales de justicia, lo que esencialmente coloca el sistema de justicia en manos de un puñado de individuos. Además, la propuesta incluye una cláusula que anula cualquier disposición que «contravenga» la nueva ley, bloqueando efectivamente cualquier intento de reforma futura que busque devolver el equilibrio y la independencia al sistema judicial.
La defensa de esta iniciativa por parte de Shirley Rivera y otros miembros del Congreso es lamentablemente insuficiente. Argumentar que la Propuesta 6239 busca «regresar a la constitucionalidad» es, en el mejor de los casos, una afirmación cuestionable. Más bien, parece estar destinada a consolidar el poder en manos de unos pocos en detrimento del sistema de justicia guatemalteco y, en última instancia, del pueblo guatemalteco.
Esta iniciativa se produce en un momento en el que la Corte Suprema de Justicia ha permanecido ilegalmente sin cambios en cuanto a sus jueces y magistrados durante cuatro años, en parte debido a la falta de elección de sus sucesores por parte del Congreso. Esto, combinado con la posible aprobación de la propuesta 6239, plantea serias preocupaciones sobre la capacidad de la CSJ para actuar de manera imparcial y efectiva.
Guatemala merece una justicia independiente
Guatemala, un país con un historial complejo en materia de independencia judicial, merece un sistema de justicia fuerte y libre de influencias políticas. Según el Foro Económico Mundial, el país ya se encuentra rezagado en América Latina en términos de independencia judicial, y esta propuesta solo podría empeorar las cosas.
En un momento en que la transparencia y la rendición de cuentas son cruciales para el futuro de Guatemala, la propuesta 6239 representa un peligroso paso atrás en la lucha contra la corrupción y la impunidad. El Congreso tiene la responsabilidad de proteger y fortalecer la independencia judicial, no de socavarla. Los guatemaltecos merecen una justicia imparcial y efectiva, y es esencial que se escuche su voz antes de que se tomen decisiones que puedan dañar irreparablemente la confianza en el sistema de justicia del país.