El secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero Garnica, presentó ante la Corte de Constitucionalidad (CC) una opinión consultiva sobre la honorabilidad de la fiscal general, Consuelo Porras. Según el funcionario, la acción o consulta se realizó a petición del presidente Bernardo Arévalo, quien expresó su preocupación por la gestión de la señalada al frente del Ministerio Público (MP).
El Gobierno argumentó que Porras no está comprometida con la lucha contra la corrupción y ha permitido una serie de acciones que han socavado el orden constitucional y el régimen político electoral del país.
Acusaciones contra Consuelo Porras
Entre las acusaciones, se incluye el consentimiento de la corrupción, como en el caso de la compra de vacunas rusas anticovid, y el permitir que fiscales vulneraran las urnas y “manosearan” los votos durante las elecciones generales.
Además, se señaló que Porras está prohibida de ingresar a 29 países debido a las acusaciones en su contra como una «actora corrupta y antidemocrática».
Guerrero Garnica explicó que consideran que Porras no está a favor de la lucha contra la corrupción y que su gestión ha sido deficiente en materia de transparencia y rendición de cuentas.
«Para el Gobierno de Guatemala, la Fiscal General no está comprometida en la lucha contra la corrupción, y consintió un intento fracasado de golpe de estado», declaró el secretario de la Presidencia.
La opinión consultiva presentada ante la CC busca que se evalúen las acciones de la Fiscal General y se determine si existen motivos suficientes para su remoción del cargo.
CSJ sin conocer solicitud de retiro de antejuicio
Cabe destacar que la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por Oscar Cruz, lleva más de un mes sin conocer la solicitud de retiro de antejuicio presentada por el Gobierno de Bernardo Arévalo en contra de Consuelo Porras. Esta solicitud busca investigar a la fiscal general por la posible comisión del delito de incumplimiento de deberes, debido a su negativa a asistir a una reunión con el mandatario.
Al interponer la solicitud de retiro de inmunidad, se argumentó que Porras «al rehusarse a participar en esa junta de gabinete podría enmarcarse en una conducta delictiva que el artículo 419 del Código Penal define como incumplimiento de deberes, ya que es obligación de la fiscal general atender las convocatorias del presidente de la República para coordinar políticas de Estado en los temas para los cuales se le invitó».