En el año 2023, Guatemala enfrentó serias violaciones a los derechos humanos, según informes tanto de Amnistía Internacional como del Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.). Ambos informes coinciden en las mismas violaciones y resaltan la influencia del Ministerio Público, liderado por Consuelo Porras, en estas prácticas.
El informe mundial de Amnistía Internacional sobre los Derechos Humanos sitúa a Guatemala en un escenario alarmante, comparándolo con países bajo regímenes dictatoriales. Durante el 2023, el país fue testigo de una serie de prácticas que socavan los derechos fundamentales de sus ciudadanos.
Derechos vulnerados durante las elecciones
Una de las principales preocupaciones fue el evento electoral que llevó a Bernardo Arévalo a la presidencia. Este proceso estuvo marcado por denuncias y persecución penal contra actores clave de las elecciones, según el informe de Amnistía Internacional.
El informe de Amnistía Internacional señala ocho derechos en los que se observaron vulneraciones, incluyendo la libertad de expresión, detenciones arbitrarias, situación de defensores de derechos humanos, impunidad, entre otros. Las principales víctimas fueron defensores de derechos humanos, operadores de justicia y periodistas.
Abusos liderados por órdenes de Consuelo Porras
Por otro lado, el informe del Departamento de Estado de Estados Unidos para el año 2023 resalta que no hubo cambios significativos en materia de derechos humanos en Guatemala y destaca una serie de abusos, incluyendo detenciones arbitrarias, debilidad en la independencia judicial y restricciones a la libertad de expresión y de prensa.
Se menciona específicamente que la fiscal general, Consuelo Porras, socavó activamente los esfuerzos para combatir la corrupción, intimidando o arrestando a personas prominentes involucradas en la lucha contra la corrupción. Además, se señala que el Ministerio Público continuó utilizando procedimientos legales contra exfuncionarios fuera del país y acosando y reprimiendo a exfiscales y sus familias.
Entre las personas afectadas se encuentran el exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, fiscales anticorrupción, abogados, exjueces y defensores de derechos humanos.
Incluso la exfiscal general Thelma Aldana y su esposo han estado bajo investigación por cargos de lavado de dinero, en un caso que ha sido señalado por organizaciones anticorrupción como políticamente motivado.
Intimidación contra periodistas
El informe del Departamento de Estado también destaca el aumento de intimidación contra periodistas, lo que ha llevado a muchos de ellos a autocensurarse o incluso a abandonar el país tras publicar trabajos críticos contra personas influyentes.
En resumen, los informes de Amnistía Internacional y del Departamento de Estado de Estados Unidos coinciden en señalar graves violaciones a los derechos humanos en Guatemala durante el año 2023, con Consuelo Porras y el Ministerio Público en el centro de estas prácticas. Estos informes son un llamado urgente a tomar medidas para proteger los derechos fundamentales de todos los guatemaltecos y para asegurar que los responsables de estas violaciones rindan cuentas ante la justicia.