A pesar de existir audios y pruebas que mostraban el ingreso de dinero a la UNE autorizado por la entonces candidata presidencial Sandra Torres, una juez decidió cerrar el caso con proceso penal que se seguía en su contra y siete personas más. El caso investigado y denominado Financiamiento UNE termina en impunidad como ha ocurrido con la mayoría de casos en contra de políticos.
Claudette Dominguez, jueza de Mayor Riesgo A, duró varias horas para tomar su decisión al considerar que el Ministerio Público (MP) no contaba con indicios que le hicieran ordenar que el caso sea conocido en un tribunal de sentencia.
Caso inició en el 2019
Este caso inició en el 2019, pero la fiscal general, Consuelo Porras, ordenó detener la investigación y sólo dejó que los fiscales accionaran hasta cuando Torres ya tenía inmunidad.
Según el MP, la UNE habría utilizado a las empresas MAARIV, S.A., Promotora de Recursos Habitacionales S.A. (PROHABSA) y Grupo Empresarial San Felipe S.A. como centros de recaudación y administración de recursos externos al partido, por medio de una estructura de entidades y una administración paralela de las finanzas oficiales de campaña de 2015.
El objetivo era que el partido burlara el control que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) tenía sobre los fondos de la campaña electoral que realizó el referido año.
Para el MP, el partido político recibió al menos siete aportaciones de dinero que sumaron Q5.9 millones que no fueron reportados al órgano encargado de controlar a las organizaciones políticas y los procesos de elección popular.