El mundo pone sus ojos en Guatemala mientras se encamina a elegir jueces para sus cuestionadas cortes. La turbulencia política que ha caracterizado al país en los últimos años se ha centrado principalmente en sus cortes, instituciones clave donde algunos jueces han sido acusados de proteger a corruptos y perseguir a quienes intentan limpiar el sistema judicial.
Ahora, el país se enfrenta nuevamente al proceso de elección de decenas de jueces para sus más altos tribunales, lo que para muchos observadores representa una oportunidad crucial para reformar un sistema cooptado y consolidar la administración del presidente progresista Bernardo Arévalo.
Convocatoria para integrar comisiones de postulación
El Congreso anunció recientemente la convocatoria para integrar dos comisiones de postulación: una encargada de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y otra para seleccionar a los más de 135 magistrados que conforman las salas de apelaciones. Sin embargo, este proceso se da en un contexto donde el sistema de justicia está fuertemente influenciado por redes de corrupción vinculadas al crimen organizado y grupos interesados en mantener la impunidad.
Es importante destacar que el sistema judicial está bajo la influencia de la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido acusada de corrupción judicial, al igual que varios magistrados de la Corte de Constitucionalidad y jueces de la Corte Suprema de Justicia.
ONU hace llamado para elección de cortes
La relatora especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la independencia de los magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, expresó su preocupación y pidió a las autoridades guatemaltecas que nombren a candidatos idóneos para garantizar la independencia de los dos principales tribunales del país.
“La independencia e imparcialidad de los tribunales es una garantía esencial del Estado de derecho según las normas de derechos humanos», declaró Satterthwaite. Además, subrayó la importancia de que los tribunales estén integrados por personas altamente cualificadas.
Satterthwaite hizo este llamado considerando que el próximo octubre finaliza el mandato de los actuales magistrados de la CSJ y de las Cortes de Apelaciones. Los actuales magistrados no fueron nombrados sino hasta noviembre de 2023, debido a que los jueces electos para el período comprendido entre 2014 y 2019 permanecieron en sus cargos debido a irregularidades en la elección de sus sucesores en 2019.
Este retraso, según la relatora, se debió a casi cuatro años de inacción del Congreso, generando un contexto de desconfianza entre la población en torno a los procesos de nombramiento de los altos tribunales, sumado a las acusaciones de corrupción y tráfico de influencias.
Además, expresó su preocupación por la falta de participación efectiva de la sociedad civil en el proceso de nombramiento anterior, instando a las autoridades a garantizar este derecho en futuras elecciones.
Acompañamiento de la OEA
Por su parte, el presidente Bernardo Arévalo solicitó el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) en el proceso para la elección de la nueva Corte Suprema de Justicia y de las salas de Apelaciones.
Recordando el papel fundamental que jugó la OEA en el proceso electoral y de transición de 2023, el presidente Arévalo destacó la importancia del respaldo internacional en esta etapa, donde el país se enfrenta a grupos que controlan el aparato judicial.
Asimismo, el presidente señaló este proceso como una batalla jurídica y política, enfatizando que la lucha contra estos sistemas se logra gracias a la determinación de la ciudadanía y la solidaridad internacional.