La valiente lucha contra la corrupción en Guatemala a menudo cobra un precio terrible. Virginia Laparra, una exfiscal anticorrupción, ha experimentado en carne propia los peligros que enfrentan aquellos que se enfrentan a los poderes corruptos. En cada ocasión que es trasladada de prisión, es custodiada por un extenso grupo de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y guardias penitenciarios. La intimidación es una herramienta poderosa para silenciarla.
El delito por el que Laparra fue condenada a cuatro años de prisión se remonta a 2018, cuando presentó una denuncia contra un juez por compartir información confidencial. En represalia, ese mismo juez la acusó de «abuso de autoridad». Su valiente acto anticorrupción le valió la cárcel y una condena de cuatro años por dicho delito.
Amnistía Internacional y su equipo legal han denunciado repetidamente la situación de Virginia Laparra. La abogada y defensora de derechos humanos, Wendy López viajó recientemente a España y otros países europeos para llevar la voz de los luchadores anticorrupción guatemaltecos a nivel internacional. López forma parte del equipo de defensa legal de varios miembros del sistema judicial guatemalteco que han sido criminalizados debido a su incansable lucha contra la corrupción.
Corrupción judicial conocida en Europa
Durante una entrevista con ABC en Madrid, España, Wendy López explicó su misión: «El propósito de mi viaje es aumentar la visibilidad del caso de Virginia Laparra y solicitar apoyo tanto del Gobierno español como del europeo para abordar la creciente corrupción e impunidad en Guatemala. Esta corrupción está llevando a cabo una criminalización sistemática de jueces, fiscales y abogados anticorrupción. Estamos aquí para expresar nuestro agotamiento ante la corrupción en Guatemala, ya que es insostenible vivir en un Estado caracterizado por estos males. Además, tememos que la situación empeore aún más».
La reciente victoria electoral de Bernardo Arévalo ha sumido a Guatemala en una profunda crisis social, debido a los intentos del controvertido Ministerio Público, dirigido por Consuelo Porras, de socavar la transición democrática de poder. Miles de manifestantes se congregan frente a la sede del Ministerio Público y bloquean carreteras en Guatemala, exigiendo la renuncia de Porras. Paralelamente, los procesos judiciales se están acelerando, aparentemente con la intención de condenar a todos aquellos que han denunciado la corrupción.
Según López, hasta hace apenas unas semanas, tres exfiscales anticorrupción se encontraban tras las rejas, y a ellos se unió la abogada Claudia González Orellana. Esta última es miembro del equipo de defensa de Virginia Laparra y anteriormente colaboró con la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), como parte de su trabajo con la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
«Las autoridades guatemaltecas nos ven como opositores políticos que trabajamos incansablemente contra la corrupción, y están decididas a silenciarnos»explicó López. La situación en Guatemala se ha agravado aún más debido a las tensiones relacionadas con el traspaso de poderes presidenciales. El presidente electa ha señalado a Consuelo Porras de estar llevando a cabo un golpe de Estado para impedir su investidura.
La abogada reconoce que el cambio de poder no resolverá todos los problemas, pero «sentaría las bases para la recuperación de la democracia en Guatemala.
Comunidad internacional observa a Guatemala
La comunidad internacional ha comenzado a prestar atención a los acontecimientos en Guatemala. La Organización de Estados Americanos (OEA) convocó a reuniones para examinar la situación y ha enviado una misión de mediación. Arévalo ha solicitado la intervención de la OEA y ha advertido sobre un «golpe de Estado en cámara lenta» en Guatemala.
Actualmente, el país se encuentra bajo el yugo del autoritarismo y enfrenta un golpe de Estado técnico, con un sistema judicial comprometido por la corrupción, y un Gobierno que, en palabras de la abogada, está permitiendo estas acciones. La situación de Guatemala se ha vuelto aún más crítica en medio de los bloqueos y protestas en las calles.
La lucha contra la corrupción en Guatemala sigue siendo un desafío crucial y una preocupación internacional. La persecución y criminalización de aquellos que la lideran exige una respuesta urgente de la comunidad global, con el fin de garantizar que se respeten los derechos fundamentales y el Estado de derecho en el país. La voz de aquellos que enfrentan estos desafíos merece ser escuchada y apoyada por la comunidad internacional.
Alzan la voz por Virginia Laparra y Claudia González
Juezas y Jueces para la Democracia y la Unión Progresista de Fiscales emitieron un comunicado conjunto expresando su profunda preocupación por la situación en Guatemala. Ambos grupos destacan que la persecución y criminalización de profesionales del ámbito jurídico que trabajaron en la CICIG y en la FECI ha llevado al exilio a numerosos jueces y fiscales.
En particular, expresan una especial preocupación por la situación de la exfiscal de la FECI, Virginia Laparra, quien está detenida en una prisión de alta seguridad durante 19 meses. Se resalta que las irregularidades en el proceso y la falta de garantías en sus derechos procesales han dejado a Laparra en una situación de desprotección jurídica y personal absoluta.
Además, el comunicado subraya la reciente detención Claudia González, y el riesgo significativo que corre la letrada Wendy López, quien ha asumido la defensa de ambas. Se advierte que existe un contexto de inseguridad jurídica en Guatemala, donde un sector del sistema judicial parece intentar paralizar la toma de posesión del presidente elegido democráticamente en las elecciones generales del país en agosto.
El Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria declaró que el arresto de Laparra fue arbitrario según el Derecho Internacional y exigió su liberación inmediata. Asimismo, Amnistía Internacional denunció la falta de garantías del debido proceso en el caso de la exfiscal, considerándola «presa de conciencia» y exigiendo su liberación inmediata.
Las organizaciones de jueces y fiscales hacen un llamado a las autoridades y a la ciudadanía para que tomen en cuenta la grave situación del sistema de justicia en Guatemala. Solicitan la protección internacional de Virginia Laparra, Claudia González y Wendy López. Además, se unen a las peticiones de Naciones Unidas y Amnistía Internacional en busca de la libertad de quienes enfrentan esta persecución.
La lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos son desafíos fundamentales en Guatemala y en todo el mundo. La solidaridad internacional desempeña un papel vital en la protección de aquellos que trabajan incansablemente para lograr un cambio positivo y el respeto de los derechos fundamentales.
Guatemala se encuentra en un momento crítico, y la comunidad global presta atención a la situación y apoyar a aquellos que luchan por la justicia y la democracia del país.