El reciente desembolso de Q22 millones 278 mil 777.10 en indemnización y pago de prestaciones a nueve exmagistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) entre ellos Silvia Valdés, ha generado un profundo malestar social en Guatemala, alimentando críticas y cuestionamientos sobre la responsabilidad y justicia de estos pagos millonarios.
La situación se agrava con el conocimiento de que la expresidenta de la CSJ, Silvia Valdés, acusada de corrupción judicial, recibió la suma más alta de Q3 millones, mientras que los otros ocho exmagistrados recibieron un promedio de Q2.5 millones cada uno.
El cálculo de estas exorbitantes sumas se realizó considerando un incremento salarial implementado en 2022, cuando la propia magistratura aprobó un aumento de jueces y magistrados de hasta el 30 por ciento. Como resultado, los salarios base de la CSJ aumentaron significativamente, pasando de Q46 mil 800 mensuales a Q79 mil, lo que fue crucial en la acumulación de indemnizaciones y prestaciones laborales.
Magistrados extendieron período de funciones
Solo nueve de los trece exintegrantes de la corte fueron indemnizados, ya que uno de ellos fue reelegido y los otros tres eran suplentes. Los departamentos de Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad del Organismo Judicial justificaron que se realizaron estos desembolsos debido a la acumulación de prestaciones laborales e indemnización durante el período de funciones extendido de los exmagistrados, lo cual ha sido catalogado como inconstitucional.
La extensión del período en el que estos exmagistrados ocuparon sus cargos, entre 2019 y 2024, fue consecuencia de un retraso en la elección de togados a la CSJ y Salas de Apelaciones, lo que obligó a la magistratura designada para el período 2014-2019 a permanecer en sus funciones. Esta situación generó dudas sobre la legitimidad de la prórroga, así como cuestionamientos sobre la falta de transparencia en el manejo de los fondos públicos.
Sin transparencia en los pagos
La asunción de la actual Corte en 2023 facilitó la liquidación de las prestaciones e indemnizaciones a los salientes. No obstante, la rapidez y magnitud de estos pagos han sido objeto de críticas por parte de la ciudadanía, que exige mayor transparencia y control en el uso de los recursos estatales.
Este caso resalta la necesidad urgente de reformas que permitan garantizar una rendición de cuentas más efectiva y una mayor equidad en el manejo de los fondos públicos. Además, plantea interrogantes sobre la ética de los altos funcionarios y el papel del Estado en la protección de los intereses de los ciudadanos frente a posibles abusos de poder y privilegios indebidos.