Dentro del plan por capturar a la justicia se presentó la creación de un Juzgado Especializado para funcionarios públicos procesados por corrupción que busca concentrar todos los casos contra la corrupción, pero el mismo se ha frenado por diversos motivos. La Alianza por las Reformas presentó una acción de inconstitucionalidad por esta decisión del Organismo Judicial ya que podría ser un instrumento de impunidad y de persecución contra jueces, fiscales y funcionarios comprometidos con la justicia.
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