La Corte de Constitucionalidad (CC) le ha dado un último empujón para que los más que cuestionados magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tomen el control total de la justicia del país.
La CC decidió suspender algunos artículos de la Ley de la Carrera Judicial a petición de la presidenta de la CSJ, Silvia Patricia Valdés, y esto hizo que a partir de ahora sean los magistrados quienes decidan el traslado y nombramiento de jueces y no el Consejo de la Carrera Judicial (CCJ).
Para fortalecer la ley de la carrera judicial y evitar que magistrados movieran a jueces que pudieran ser incomodos para grupos de poder, la extinta Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) realizó una propuesta al Congreso en el 2016, la cuál después de un análisis, había sido aprobada. Es lamentable que ahora el #PactoDeCorruptos avance un poco más en la toma completa de poder.
Con esta maniobra, la decisión del traslado de jueces como Erika Aifán o Pablo Xitumul queda en manos de una muy cuestionada CSJ que ya cumplió su tiempo en funciones, pero el Congreso se niega a elegir a sus sustitutos.
El Consejo de la Carrera Judicial es un órgano independiente, ajeno a la CSJ que hasta antes de esta resolución tenía la potestad de decidir sobre los cambios en las sedes judiciales.