Las Comisiones de Postulación encargadas de elegir a los aspirantes a magistraturas de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y las Salas de Apelaciones han demostrado una vez más su complicidad con la corrupción y las prácticas antidemocráticas. A pesar de los señalamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos, autoridades indígenas y diversas organizaciones que defienden la democracia, los comisionados han cerrado los ojos ante las evidentes fallas éticas de muchos de los candidatos.
En un acto predecible y lamentable, las Comisiones establecieron que únicamente se tomarían en cuenta tachas basadas en sentencias o procesos administrativos firmes, ignorando deliberadamente los cuestionamientos derivados de denuncias, publicaciones de prensa o incluso sanciones internacionales.
Esta decisión no solo es arbitraria, sino que también refleja una profunda falta de compromiso con los principios de transparencia y justicia. La pregunta es: ¿cómo pueden aspirar a ser jueces y magistrados quienes están señalados por participar en actos de corrupción o, peor aún, han sido sancionados por la comunidad internacional?
Comisiones de postulación no aceptan señalamientos contra actores corruptos
El caso más flagrante es el de Juan Carlos Rodil, cuya tacha relacionada con la falsificación de títulos académicos para dos magistrados del Tribunal Supremo Electoral fue la única admitida por las Comisiones. Mientras tanto, personajes como Rafael Curruchiche, jefe de la FECI, Gilberto de Jesús Porres, esposo de la fiscal general Consuelo Porras, y Cinthia Monterroso, continúan en carrera sin que se considere la gravedad de las denuncias en su contra.
El descaro es tal que incluso se ha permitido que aspirantes señalados en el escándalo de las Comisiones Paralelas 2020, como los jueces Víctor Cruz y Mynor Moto, permanezcan en el proceso. Estos magistrados no solo han emitido fallos favorables a figuras acusadas de corrupción, sino que también han sido sancionados por países como Estados Unidos y la Unión Europea. Sin embargo, para las Comisiones, este tipo de antecedentes no parecen ser motivo de preocupación.
El Artículo 207 de la Constitución Política de la República establece claramente que los aspirantes a magistrados deben ser personas de «reconocida honorabilidad». No obstante, las Comisiones han hecho caso omiso de este mandato constitucional, permitiendo que individuos cuestionados y sancionados sigan avanzando en el proceso de selección. Es preocupante ver cómo la idoneidad, un concepto fundamental para garantizar la independencia y legitimidad del sistema judicial, ha sido reducido a una mera formalidad sin contenido real.
Además, el caso del magistrado Franc Armando Martínez Montt, señalado por emitir opiniones favorables a militares involucrados en crímenes de lesa humanidad y por fallar a favor de Sandra Torres contra periodistas de elPeriódico, es otro ejemplo de cómo las Comisiones de Postulación no solo ignoran los principios éticos, sino que también perpetúan la impunidad.
Postuladoras fallan en su deber
Las Comisiones de Postulación han fallado en su deber de proteger la justicia y la democracia. Al rechazar tachas que exponían la corrupción y los abusos de poder de los aspirantes, han dejado claro que su prioridad no es garantizar un sistema judicial independiente y transparente, sino proteger a aquellos que buscan perpetuar la corrupción en las instituciones más importantes del país.
Las reuniones continuarán, pero con este nivel de complicidad y encubrimiento, resulta difícil esperar que las próximas decisiones vayan a marcar una diferencia real. La justicia, una vez más, parece estar en manos de aquellos que no tienen interés en defenderla.