Los primeros tres meses del año, el pacto de corruptos y su aliados en la Corte Suprema de Justicia, Corte de Constitucionalidad y en especial del Ministerio Público (MP) han demostrado que buscan vengarse de quienes un día los investigaron.
En febrero se solicitó la captura de la exmandataria de la CICIG, la abogada Leily Santizo y la exfiscal de la FECI, Siomara Sosa, quienes pasaron casi un mes en prisión después que el MP solicitará su captura por los delitos de abuso de autoridad y usurpación de funciones. Sin embargo solo quedaron ligadas a proceso por el delito de colusión. El MP apeló la decisión del juez, pero cada día queda en evidencia que el caso no tiene sustento y por eso han pedido reserva completa por más de dos meses.
En febrero también fue capturada la jefe de la FECI de Quetzaltenango, Virginia Laparra, quien llevaba un mes y medio en prisión en condiciones de tortura ya que solo puede ver la luz del sol una vez. Ella es acusada irónicamente por el exjuez Lesther Castellanos nombrado en marzo como relator contra la tortura por parte del Congreso.
Laparra denunció que Castellanos filtró información bajo reserva al abogado Omar Barrios quien le solicitó a Laparra que no lo mencionara en el caso.
En febrero pasado el mismo Ministerio Público solicitó la captura de cuatro exfiscales y exauxiliares fiscales de la FECI que investigaron el caso conocido como #ComisionesParalelas2020. El caso avanzó en tiempo record. Sin embargo el juez dio falta de mérito contra Alis Moran y Paola Escobar. Además modificó el delito para el auxiliar fiscal Willy Recanac. Contra Rudy Manolo Herrera la orden de captura está vigente, pero él salió del país. Antes hizo una carta pública diciendo que la fiscal general, Consuelo Porras ha detenido los casos contra algunos políticos.
Pero no sólo contra fiscales. También jueces fueron el objetivo de la Fiscal General. El 21 de marzo la jueza Erika Aifán presentó su renuncia después que el Ministerio Público (MP) avanzara en un antejuicio y planteara dos más. Aifán acumuló 30 antejuicios. Aunque intentó defenderse era imposible.
El 22 de marzo la Corte Suprema de Justicia (CSJ) suspendió al juez Pablo Xitumul después que el MP mostró especial interés por retirarle la inmunidad. El juez perdió su inmunidad por un altercado con un agente de la PNC.
Cambian a fiscales para detener investigaciones
La tarea de Consuelo Porras para detener las investigaciones ha sido evidente. Al salir de la entrevista en la Comisión de Postulación indicó que ella no investiga, pero si decide quien debe investigar.
Por ejemplo en la investigación de la carretera hacía una finca que supuestamente es del presidente Alejandro Giammattei y en la investigación del caso Insivumeh específicamente del diputado Jorge García Silva Porras decidió cambiar a la fiscal Katherine Barrios.
Lo mismo hizo en el caso sobre un supuesto soborno dado por ciudadanos rusos para obtener un terreno en arrendamiento en el Puerto Santo Tomás de Castilla donde fue separado del caso Luis Sajcabum. Él también tenía el caso contra Alejandro Carrillo, directora del Instituto de la Víctima por el sobrevalorado arrendamiento de un edificio.
La CC y la CSJ también protegen a lo suyos
La Corte de Constitucionalidad (CC) protegió al magistrado de la Corte de Apelaciones y candidato a fiscal General, Henry Alejandro Elías Wilson quien era sospechoso de haber participado en el caso Comisiones Paralelas 2020 a quien la CSJ no quiso quitarle la inmunidad. La CC también protegió al magistrado Wilber Castellanos por el mismo caso. Fue este magistrado quien denunció a Aifán.
La CC también protegió a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Silvia Valdes, para que no fuera investigada por el caso #ComisionesParalelas2020.
Además la Corte Suprema de Justicia también retiró a la jueza María Belén Reyna Salazar del Juzgado de Niñez y Adolescencia, quien había fallado contra los ciudadanos rusos Biktov quienes utilizaron documentos falsos en su movimiento migratorio.