En una madrugada marcada por decisiones judiciales en el caso Toma Usac: Botín Político, seis personas fueron ligadas a proceso penal por el juez Décimo Penal, Víctor Cruz. Sin embargo, la audiencia dejó entrever incongruencias en las pruebas presentadas por el Ministerio Público (MP), generando críticas y cuestionamientos sobre la solidez del caso.
El juez Cruz dictó falta de mérito para los delitos de asociación ilícita y sedición, argumentando la ausencia de indicios suficientes para abrir una investigación. Esta decisión, no exenta de polémica, contrasta con el auto de procesamiento por los delitos de usurpación y depredación del patrimonio cultural para Marcela Blanco, Eduardo Velásquez, Rodolfo Chang, Javier de León, Alfredo Beber y Martín Macario. Resulta especialmente llamativo que, de entre los acusados, Blanco ni siquiera pertenece a la Universidad de San Carlos (Usac), añadiendo un elemento de incongruencia al caso.
Falencias del MP en el caso Usac
El fiscal a cargo, Saúl Sánchez, enfrentó dificultades al no poder sustentar las pruebas presentadas contra los acusados. En un acto que levanta sospechas, Sánchez manifestó la oposición del MP a cualquier medida sustitutiva, alegando un comportamiento «desleal» por parte de los procesados. Estas declaraciones se suman a la controversia, ya que se señala que ciertos políticos están siendo enviados a prisión bajo la premisa de buscar que los sindicados se comporten de manera «desleal», un elemento que plantea interrogantes sobre la imparcialidad del proceso.
La Universidad de San Carlos, que se constituyó como querellante en el caso, respaldó la posición de la Fiscalía, argumentando peligro de fuga y obstaculización del proceso. Sin embargo, el juez Cruz hizo caso omiso a estas preocupaciones, otorgando arresto domiciliario, arraigo, registro biométrico cada 15 días y prohibición de comunicarse con coimputados y la Fiscalía a los acusados. En ese sentido, los docentes podrán seguir ejerciendo, salvo Marcela Blanco, a quien se le prohíbe acercarse a la Usac.
Caución económica
El aspecto económico también está presente en el caso, ya que se fijó una caución económica de Q10 mil para los acusados, la cual deben pagar en un plazo de 5 días. Paradójicamente, si realizan el pago el lunes, 27 de noviembre de 2023, podrán obtener su libertad de manera inmediata.
La audiencia de acto conclusivo está programada para el 24 de mayo de 2024, y la de etapa intermedia para el 8 de junio de 2024, extendiendo la incertidumbre y prolongando la presión sobre los acusados.
Este caso, que involucra a los detenidos junto a otras 21 personas en la toma a la fuerza de la Usac en 2022, presenta supuestas pruebas basadas en publicaciones en redes sociales en favor de la autonomía universitaria. Además, la Fiscalía busca retirar la inmunidad al presidente electo Bernardo Arévalo de León y a su vicepresidenta, Karin Herrera, del Movimiento Semilla, por delitos similares.