Los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE) que estaban fuera del país desde diciembre pasado se presentaron el jueves, 14 de marzo de 2024, ante la justicia guatemalteca. La razón: un supuesto caso de corrupción relacionado con la compra del programa informático para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) para los comicios de 2023.
Los magistrados implicados son Gabriel Aguilera, Ranulfo Rojas, Mynor Franco e Irma Palencia, cuatro de los cinco magistrados que componen el TSE. Acompañados por la presidenta del organismo, Blanca Alfaro, quien no está acusada en el caso, pero se presentó en solidaridad con sus colegas, comparecieron ante el juzgado duodécimo penal del Organismo Judicial.
Caso contra magistrados electorales
La situación de los magistrados se complicó cuando perdieron su inmunidad en noviembre pasado, lo que les permitió ser investigados por la supuesta compra ilegal de un equipo de cómputo utilizado en los comicios del año pasado. Las acusaciones que enfrentan incluyen abuso de autoridad, fraude e incumplimiento de deberes, tras una denuncia presentada por dos abogados y activistas de extrema derecha.
La Fiscalía, luego de intentar modificar sin éxito los resultados electorales de 2023, inició una investigación sobre las «irregularidades» en la compra del sistema de transmisión de resultados electorales utilizado en las elecciones generales de junio y el balotaje de agosto.
En un intento por anular las elecciones de 2023, la fiscal general Consuelo Porras argumentó irregularidades en el actuar del Tribunal Supremo Electoral. A raíz de esto, los magistrados quedaron ligados a proceso penal por el delito de fraude.
Jueza resuelve
Aunque el Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los magistrados, argumentando riesgo de fuga y manipulación de pruebas, la juzgadora Karen Chinchilla decidió otorgarles medida sustitutiva. En el caso de la expresidenta del TSE, Irma Palencia, Chinchilla dictó falta de mérito por abuso de autoridad, dejándola solo bajo investigación por fraude.
Estas medidas incluyen caución juratoria, prohibición de salir del país sin autorización judicial, colocar la huella en el sistema biométrico del MP cada mes y una caución económica de Q100 mil cada uno, que debe ser depositada antes de las 15 horas de este viernes en la tesorería del Organismo Judicial.
Además, la jueza otorgó un plazo de 5 meses al Ministerio Público para concluir con la investigación. También programó el acto conclusivo para el 14 de agosto y el inicio de la etapa intermedia para el 29 de agosto a las 8:30 horas.