En una preocupante solicitud emitida el 26 de septiembre de 2023, el Ministerio Público (MP), bajo la dirección de Consuelo Porras, logró que el juez Víctor Cruz exigiera a X Corp -antiguamente Twitter- la entrega de información detallada de las cuentas de medios digitales como La Hora, Prensa Comunitaria y Ruda. Esta acción, vinculada al expediente del caso Toma Usac, ha generado una ola de críticas al ser interpretada como un claro ataque a la libertad de prensa, acoso judicial y criminalización.
La solicitud del juez Cruz abarca no solo información de los medios mencionados, sino también de la periodista Leslie Sánchez y de la fallecida diputada Lucrecia Hernández Mack. La petición incluye datos sensibles como números de cuentas y tarjetas bancarias asociadas a estos medios y personas, lo cual ha desatado alarmas sobre la privacidad y seguridad de la información.
El requerimiento del MP y el juez Cruz a X por el caso Toma Usac
En el documento dirigido a la red social con sede en San Francisco, Estados Unidos, se especifica la necesidad de información transaccional, solicitando historial de IP´s, método de conexión a X, antes Twitter, versión registrada de hardware y software, volumen de transferencia de datos, direcciones MAC´s registradas, entre otros detalles. Es importante destacar que la solicitud incluye la peculiar instrucción de que los usuarios afectados no sean notificados.
Este episodio se suma a las acciones previas del juez décimo penal Víctor Cruz, quien el pasado 16 de noviembre autorizó allanamientos y órdenes de detención contra estudiantes, decanos de facultades de la USAC, abogados, activistas y el exprocurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas. Estas medidas, en apoyo al movimiento sancarlistas que rechazaron la imposición de Walter Mazariegos como rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Estas acciones generan criticadas por su intención de coartar la libertad de expresión y reprimir la disidencia.
Ante este panorama, las voces críticas advierten sobre el riesgo de vulnerar derechos fundamentales, como la privacidad y la libertad de expresión, al tiempo que se subraya la necesidad de preservar un ambiente propicio para el ejercicio periodístico y la participación ciudadana en un sistema democrático. La sociedad civil observa con atención y aprehensión los desarrollos de este caso, cuestionando la legitimidad y proporcionalidad de las acciones emprendidas por las autoridades judiciales.