La Oficina Nacional de Prevención de la Tortura salió en defensa de militares en retiro que están sindicados de haber cometido torturas, desapariciones forzadas y crímenes durante los años 80. El Secretario de dicha oficina, Carlos Solórzano Rivera, presentó una denuncia contra la exfiscal General, Claudia Paz y Paz y la exfiscal de derechos humanos, Elena Gregoria Sun por haber iniciado una investigación.
El Ministerio Publico (MP) informó que inició una investigación inusualmente rápida y fue asignada a fiscalía de Asuntos Internos.
Las exfiscales fueron acusadas de abuso de autoridad, tortura, usurpación de atribuciones y simulación de delito por iniciar en el 2011 una investigación contra los militares en retiro Benedicto Lucas, Raúl Dehesa, Carlos Garavito, Cesar Cabrera, José Vásquez, Byron Barrientos, Cesar Ruiz y Juan Ovalle.
Lo paradójico del caso es que los supuestos agraviados fueron procesados por los delitos de desaparición forzada y delitos de deberes de la humanidad por haber participado en 88 eventos relacionados con masacres entre 1981 y 1986. Los acusados están relacionados con la Dirección de Inteligencia del Ejército que cometieron torturas y ejecuciones extrajudiciales. Por ejemplo Lucas García tenía poder de la base de Baja Verapaz donde fueron ejecutadas 80 personas y donde se encontraron más de 500 osamentas.
Sin embargo para la oficina de Prevención de la Tortura los militares son víctimas del sistema por investigar los crímenes que cometieron.