Fredy Orellana, a cargo del Juzgado Séptimo de Instancia Penal, es una figura ampliamente cuestionada dentro y fuera del país. Su inclusión en la Lista Engel del Departamento de Estado de Estados Unidos, lo señala como un actor corrupto y antidemocrático. Países de la Unión Europea también lo han sancionado por las mismas razones, resaltando la preocupación internacional sobre su gestión en casos judiciales sensibles.
Orellana ha sido criticado por beneficiar a exfuncionarios procesados por corrupción, y su nombre se mantiene en el ojo público por manejar el polémico caso contra el partido oficial Movimiento Semilla, el cual llevó a la presidencia a Bernardo Arévalo. Recientemente, autorizó la detención de la directora del Instituto de la Víctima, Ligia Hernández, quien permanece en prisión preventiva bajo su supervisión.
Orellana detrás de la persecución contra exfiscales, periodistas y partido oficial
Además, ordenó la suspensión de la personalidad jurídica de Semilla, lo que impide a sus miembros ejercer sus funciones legislativas. Estos actos han avivado el debate sobre la transparencia y credibilidad del sistema judicial guatemalteco.
El juez Orellana no es ajeno a la controversia. Su papel en el caso del periodista José Rubén Zamora, detenido bajo su autorización, y la captura de la exfiscal Samari Gómez —quien posteriormente fue absuelta—, son solo algunos ejemplos de su rol en procesos judiciales polémicos.
Entre sus otras decisiones más cuestionadas está su actuación en el caso «Negociantes de la Salud» contra Gustavo Alejos. En ese proceso, Orellana fue criticado por una fotografía en la que aparecía con Manuel Ixmay, abogado defensor de Alejos, lo que generó sospechas sobre su imparcialidad. Además, ha sido señalado por su cercanía con abogados vinculados a la Fundación contra el Terrorismo, un grupo que ha jugado un rol clave en la defensa de figuras controvertidas.
Orellana también ha estado involucrado en el caso contra el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa, exdefensor de Zamora, y ha sido responsable de decisiones controversiales como el sobreseimiento del caso IGSS-Chiquimula, en el que exoneró al exdiputado Roberto Kestler de acusaciones de tráfico de influencias.
Uno de los momentos que más ha impactado en su reputación fue la orden de captura contra los exfiscales anticorrupción Juan Francisco Sandoval y Virginia Laparra, ambos actualmente en el exilio por persecuciones que muchos ven como retaliaciones políticas.
Su rol como juez contralor en el caso contra el Movimiento Semilla y las órdenes de allanamiento al Tribunal Supremo Electoral (TSE) también han sido duramente criticados, en especial por la comunidad internacional.
CSJ da otros cinco años a Fredy Orellana en juzgado
A pesar de estas polémicas, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmó a Fredy Orellana para un nuevo periodo en su posición, rechazando en varias ocasiones las solicitudes para trasladarlo a otra judicatura.
El Sindicato Solidaridad Trabajo y Justicia de Trabajadores del Organismo Judicial (Soltraj) incluso sugirió su reasignación a otras regiones del país debido a las tensiones ciudadanas que su gestión ha provocado, pero estas peticiones fueron desestimadas por la CSJ.
La figura de Fredy Orellana refleja un sistema judicial fracturado, donde las acusaciones de corrupción, la manipulación política y las sanciones internacionales son moneda corriente. Su permanencia en el cargo, a pesar de las crecientes críticas, deja claro que el poder judicial en Guatemala enfrenta desafíos profundos que requieren atención urgente si se desea restaurar la confianza pública en la justicia.