La comisión pesquisidora del Congreso de la República emitió el miércoles, 29 de noviembre de 2023, una recomendación para retirar la inmunidad a cuatro magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE). Esta medida se toma en el marco de una investigación por supuesta corrupción, paralela a los procesos llevados a cabo por el Ministerio Público (MP) contra el presidente electo Bernardo Arévalo.
Desde que Arévalo, líder socialdemócrata, sorprendió en las elecciones, tanto el TSE como él han estado bajo escrutinio del MP. Al respecto, a los magistrados se les acusa de la supuesta compra sobrevalorada de un sistema informático, por lo que las oficinas del ente electoral han sido allanadas en varias ocasiones.
«La recomendación es que sí se les quite el antejuicio (inmunidad) a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral», afirmó Enrique Montano, presidente de la comisión, tras una votación de tres a dos en la que se evaluó la solicitud de la Fiscalía.
Otros cuatro magistrados del TSE están siendo investigados en el mismo caso, pero cuentan con un amparo provisional otorgado por la Corte de Constitucionalidad.
En manos de diputados la inmunidad de los magistrados
Ahora, la decisión de quitar la inmunidad a los cuatro magistrados está en manos del pleno del Congreso, donde se requieren 107 votos de los 160 diputados. El plazo para tomar esta decisión vence el jueves, último día de las sesiones ordinarias del año.
La solicitud de desafuero fue presentada por el cuestionado MP el 27 de septiembre, bajo las órdenes de Consuelo Porras. La Fiscalía acusa al TSE de adquirir a sobreprecio un sistema informático de transmisión de resultados electorales. La Corte Suprema avaló esta petición el 7 de noviembre.
En medio de estas acciones, la Fiscalía también solicitó recientemente quitar la inmunidad a Arévalo y a la vicepresidenta electa Karin Herrera. Estas maniobras han generado críticas de Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA, quienes sostienen que buscan desconocer el veredicto de las urnas.
Acciones del MP generan críticas
Estas acciones judiciales también incluyen la intención de llevar a juicio a Arévalo y Herrera por su apoyo a la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala en 2022. Además, se logró la inhabilitación del partido Semilla, al que pertenece el presidente electo, por presuntas irregularidades en la inscripción de afiliados en 2017.
Arévalo ha denunciado que la Fiscalía está orquestando un «golpe de Estado» para impedir su asunción al poder el 14 de enero, sucediendo al actual presidente Alejandro Giammattei.